¿Por qué me siento así?, ¿Qué ha pasado?, algo no fue bien en mi parto: la violencia gineco-obstétrica

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Desde los estudios de género y feministas se conoce que el sistema biomédico se ha apoderado de los cuerpos y procesos biológicos de las mujeres, dejando el respeto a sus derechos humanos y a sus derechos sexuales y reproductivos en un segundo plano. Desde que una mujer busca su embarazo hasta su posparto, la atención se centra en la parte reproductiva, obviándose el disfrute en este periodo vital de su vida sexual. Las mujeres son vistas y tratadas como un objeto de intervención, no como un sujeto de derecho (Belli, 2013). La violencia ejercida sobre las mujeres en los centros de atención, salas de parto y quirófanos es pues, una consecuencia casi inevitable de la aplicación de este paradigma biomédico, donde la institucionalización de los procesos reproductivos desplaza a las mujeres como protagonistas de su propio embarazo, parto e incluso de su puerperio, lugar que pasa a ser ocupado por el/la profesional.

Hace una década la violencia obstétrica quedó recogida en la legislación venezolana, entendiendose como “la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres.” (Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia)

Los aspectos que caracterizan un embarazo, parto y postparto respetados fueron planteados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace más de 30 años, y recogidos en la Declaración de Fortaleza (OMS, 1985). En los últimos años el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) ha expedido una veintena de normas y guías técnicas acordes con las recomendaciones de la OMS, entre las que destacan la Guía Técnica para la Atención del Parto Culturalmente adecuado (MSP, 2008), la Guía de atención del parto por cesárea (MSP, 2015), la Guía de uso de equipamiento de UTPRs (MSP, 2016) o la Normativa Sanitaria para la Certificación como Amigos de la Madre y del Niño (MSP, 2016). En ellas se reconoce la importancia de la postura y movilidad libres en el parto, reconociendo que es violencia inmovilizar a la mujer, obligándola a estar acostada con las piernas hacia arriba, impedir que esté acompañada por las personas que ella elija, brindar información sesgada, el monitoreo continuo que no permite el movimiento, aplicar la maniobra de Kristeller, las episiotomías de rutina, practicar una cesárea no justificada, negar por rutina la atención de un parto vaginal después de cesárea, o interferir en el establecimiento del apego temprano y de la lactancia materna inmediata.

También se ejerce violencia cuando se le dice a una mujer con dificultades para quedarse embarazada que su cuerpo no sirve, es violencia no dejar que una mujer se despida del hijo que ha perdido en el parto o en un aborto, es negarle la analgesia en el parto si la solicita, es tratar a una mujer con una pérdida gestacional como a una criminal, es negar el establecimiento del vínculo precoz mediante el contacto piel con piel, son los gritos y las amenazas, entre otros.

Menos conocido es que la violencia obstétrica también afecta a los padres y acompañantes cuando se les impide estar con su pareja y con su bebé, cuando no se les da información, cuando no se les permite tomar decisiones que afectan a su pareja o a su hijo/a, cuando se les ignora, etc.

Las hasta ahora mencionadas, son situaciones habituales en la atención a las embarazadas, parturientas y recién nacidos/as en nuestro país, mucho más patentes en la atención a las mujeres más vulnerables: adolescentes, de escasos recursos, indígenas, afroecuatorianas, lesbianas, presas, con enfermedades mentales o con capacidades especiales.

Cabe destacar la elevadísima tasa de cesáreas. El promedio de los centros públicos y privados es del 41,2% (ENSANUT, 2014), tres veces mayor a la recomendada por la OMS del 10-15% (OMS, 1985). Una investigación reciente muestra que sólo el 36% de estas cesáreas en Ecuador tienen justificación clínica (ver la investigación aquí). A esto hay que añadir la práctica imposibilidad de atender un parto vaginal después de cesárea, pues se oponen a ello casi la totalidad de los profesionales y centros públicos y privados del país, yéndose en contra de la evidencia y recomendaciones científicas. Las mujeres son condenadas a volver a pasar por otra cesárea, pese a los riesgos que implica para su salud y su vida.

También queremos mostrar la relación que existe entre la violencia obstétrica y la depresión post parto o el síndrome de estrés post-traumático (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2007). Es menos probable que una mujer con depresión o con síndrome de estrés post-traumático asista a las revisiones médicas, algo a considerar en Ecuador dado que la mayor tasa de mortalidad materna se da justo en el postparto (ENSANUT, 2012).

Todos estos abusos son silenciados pues las mujeres no saben que son víctimas de violencia y muchas veces el propio personal de salud no es consciente de estar ejerciendo violencia, ni de ser a su vez víctimas de aquella ejercida por sus compañeros/as. Esto se debe a que muchos son procedimientos y prácticas institucionalizadas y, por lo tanto, naturalizados.

Es fundamental preguntarse ¿cómo es posible que todavía no se hayan implementado las mejores prácticas en la atención al embarazo, parto y posparto recomendados por el MSP y la OMS en los protocolos y prácticas de los centros de salud públicos y privados? Pese a contar con nuevos documentos normativos y guías de práctica clínica basadas en evidencia, y mejoras en infraestructura y equipamiento para la atención al parto, todavía hay mucho por trabajar para que se dé un verdadero cambio de paradigma médico, indispensable para que madres y recién nacidos sean correctamente atendidos. Estamos en el buen camino, insistamos en él.

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