Es cierto que toda la sociedad se ha visto afectada de un modo u otro desde la aparición de la COVID19.
Ha sido necesario adaptarse -repentinamente- en todos los ámbitos, a cambios inesperados y restricciones cuya utilidad no estamos poniendo en duda.
Pero ahora ya ha pasado un año desde los inicios de la pandemia y, aunque, en un primer momento el desconocimiento y las precauciones podrían justificar prudencia en la atención obstétrica; en estos momentos, las mujeres embarazadas forman uno de los colectivos más castigados por actuaciones inaceptables que no se ajustan ni a las recomendaciones de la OMS, ni a las recomendaciones de las Sociedades Científicas de profesionales que atienden a la maternidad (FAME, SEGO), ni a la Ley General de Sanidad, ni a las leyes sanitarias de las distintas Comunidades Autónomas.
