Desde hace tiempo, una vecina de Euskadi a la que llamaremos “N” fingía estar embarazada. Se paseaba por las calles exhibiendo un hermoso vientre que parecía estar creciendo. Un día como cualquier otro “N” decidió colarse por la puerta de un hospital, irrumpir en la Maternidad ataviada como personal sanitario, coger a un bebé de una habitación con su madre presente y llevárselo consigo, con la excusa de realizarle una prueba.

La Violencia Obstétrica se define como una forma específica de violencia ejercida por profesionales de la salud (predominantemente personal médico y de enfermería) hacia las mujeres embarazadas, en labor de parto y el puerperio. Constituye una violación a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.

La Violencia Obstétrica atenta contra los derechos humanos de las mujeres por el mero hecho de serlo, contra su dignidad e integridad, con el agravante de la especial vulnerabilidad que se da en las circunstancias que rodean a la reproducción.

El Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW) de Naciones Unidas ha emitido hasta el momento dos dictámenes referidos al Estado Español, el primero en 2020 y el segundo en 2022, en los que concluye que las mujeres que han llevado sus casos hasta la ONU sufrieron violencia obstétrica.