Hace unos años, una mujer acudió a un hospital público en Donostia, España, a las 38 semanas de gestación, por haber roto aguas.
El hospital ignoró el período protocolario de espera de 24 horas, y, sin proporcionarle información sobre las alternativas existentes, le indujo el parto de forma prematura y sin su consentimiento, a las doce horas de romper aguas.
N.A.E. fue sometida a múltiples tactos vaginales y no se le permitió comer. Luego fue sometida a una cesárea sin justificación médica, y sin solicitar su consentimiento, operación durante la cual tuvo los brazos atados y a la cual no pudo asistir su esposo.
