Sara Jort
3 Mar 2020
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Interrumpir un embarazo por cuestiones médicas... entre el periplo emocional y la lotería en la atención sanitaria

Actualmente nuestra legislación en la Ley 2/ 2010 de salud sexual, reproductiva y de la interrupción del embarazo, contempla la Interrupción del Embarazo (IE) libre por decisión de la mujer hasta la semana 14 de gestación. Por otra parte esta norma permite la IE hasta la semana 22 de gestación por grave riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada, riesgo de graves anomalías o incompatibles para la vida del bebé, y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico o médica especialista. Además, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e IVE contempla la posibilidad de interrumpir más allá de la semana 22 de gestación cuando existe patología fetal incompatible con la vida del bebé, o se le detecte una enfermedad extremadamente grave e incurable en un diagnóstico y así lo confirme un comité médico.

Las familias que se encuentran ante tal situación necesitan información veraz, tiempo para buscar segundas opiniones, investigar sobre la enfermedad, meditar y reflexionar con calma una decisión muy difícil que formará parte de sus vidas. Estas familias necesitan mucho respeto sea la decisión que sea, no estamos en su piel, una atención sanitaria correcta y un acompañamiento comprensivo. Interrumpir un embarazo de un bebé que esperas y cuidas es un camino doloroso y largo de transitar.

Muchos hospitales públicos realizan IEs, algunos de ellos tienen protocolos adaptados y profesionales con formación específica, en otros esto brilla por su ausencia. Algunos hospitales públicos realizan derivación por cuestiones de gestión, o saturación del servicio a clínicas privadas con las que existen convenios de colaboración. Estas clínicas deberían garantizar un servicio cuya atención sanitaria sea según la evidencia científica, la calidad y la calidez que un proceso así requiere. Y esto es una responsabilidad de la Administración que firma estos convenios. Los testimonios de madres que han pasado por estas situaciones muy a menudo son desgarradores, coinciden con experiencias muy cercanas a la clandestinidad y el abandono, no les permiten el acompañamiento, no están con sus profesionales habituales, las prácticas son poco humanizadas...

Otra posibilidad que se pueden encontrar estas familias es la objeción de conciencia, se desconoce el número total de profesionales de la ginecología, enfermería… que se atienen a la objeción. Tenemos hospitales enteros con objeción de conciencia por lo que en ocasiones interrumpir voluntariamente el embarazo se convierte en una "carrera de obstáculos" que produce más dificultades si cabe a un proceso ya de por sí complejo.

Además existen muchas diferencias entre comunidades autónomas, si eres una familia de la provincia de València tienes más garantías de poder ejercer este derecho en tu hospital público de referencia que si eres de la Región de Murcia, donde muchas mujeres deben desplazarse incluso a otras comunidades autónomas para interrumpir su embarazo por razones médicas.

Ante este panorama tenemos a muchas mujeres y familias con una doble herida, la de la pérdida de un bebé y la de la violencia obstétrica, o falta de atención sanitaria adecuada. Tienen el reto de superar el trance del dolor de la pérdida sumado al que produce una experiencia sanitaria traumática, de poco apoyo y/o empatía, falta de acompañamiento, en ocasiones escasa información… Tenemos protocolos en algunos hospitales que contemplan una atención desde la evidencia científica y cálida hacia las mujeres que se encuentran en un momento tan doloroso, leyes que nos ofrecen derechos y profesionales con buena formación, por tanto se debe garantizar que todas las familias tengan acceso y no dependa del profesional, el hospital o la comunidad autónoma.